Nacionalización del agua en chile: ¿cómo afecta a las comunidades locales? 2 casos: en la localidad de Tarapacá y el noroeste argentino
Chile es un país privilegiado en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial, y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en campos de hielo sur en la zona austral.
Sin embargo este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional, debido a las diversas condiciones físicas y climáticas, encontrándose zonas de gran abundancia en la zona sur y escasísima disponibilidad en las regiones del norte, donde los niveles de conflictividad sobre el recurso han confrontado históricamente a comunidades locales indígenas y campesinas con empresas mineras; los cuales actualmente se extienden hacia los países vecinos, debido a los crecientes requerimientos de los emprendimientos mineros.
Simultáneamente la intensificación de estos conflictos tradicionales, durante las últimas dos décadas han incrementado los problemas de acceso, gestión y gobernabilidad de los recursos hídricos. Esto puede atribuirse a problemas sociales y ambientales vinculados al incremento de la demanda de las ciudades, la contaminación y los mega proyectos; pero muy especialmente, a la progresiva imposición de criterios de mercado en la gestión de los recursos hídricos.
Para introducirnos en el tema hablaremos de la propiedad del agua en chile, de su problemática actual haciendo un breve recuento histórico y como esto ha afectado a las comunidades locales para pasar a un plano más amplio y mostrar el problema actual que se vive por este recurso.
Hasta fines de los años ochenta el agua era proporcionada por el estado bajo un esquema descentralizado similar a lo que ocurría con otros servicios públicos. El cambio surgió por el año 1989 por una reestructuración en la cual se generaron las condiciones para la explotación de este recurso así como sus concesiones, a esto se suma la incorporación de capitales externos a las empresas sanitarias previo apoyo del gobierno.
A mediados de los 90 se incorporaron capitales privados a las empresas sanitarias estatales y durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizaron las primeras empresas y de ahí se tomo el modelo de concesión para el resto a su vez estas están reguladas por la superintendencia de servicios sanitario la que fija la tarifa de los servicios entre otras cosas dentro del área concesionada. Asociado a esto también se debe tener en cuenta que el código de aguas impuesto en 1981 el agua como recurso dejo de ser considerado un bien nacional de uso público para convertirse en un bien económico privado cayendo en la misma categoría de mercancía transada en el mercado. Uno de los principales objetivos de la reforma e incorporación de capitales privados fue dejar al estado solo el rol fiscalizador y normativo así como garantizaba para los capitales inversionistas una rentabilidad sobre el 10 % esto permitía asegurar la inversión y permanencia de las empresas privadas en el sector de las aguas.
Los procesos de privatización se llevaron a cabo sin consultar la ciudadanía así como también ignorando el descontento que este proceso generaba en algunos grupos de la población. Unido a esto se encuentran los proyectos de expansión que estas empresas tienen proyectado para los próximos años que aun cuando han sido aprobados sus protocolos no dejan de provocar un daño sociocultural (destierro de grupos indígenas de sus localidades de origen) y medioambientales (destrucción del ecosistema). Otros problemas presentados van en relación a las tarifas impuestas, el abastecimiento de este recurso así como cantidad de personas perjudicadas en sus empleos por la privatización (despidos y salarios), otro punto a destacar de este último tema es que muchas empresas no han logrado cumplir con sus metas, dejan a medias variados proyectos lo que afecta de manera mediata a la fuerza laboral existente en un localidad.
Para solucionar los diversos problemas ocasionados de la privatización de las aguas y de sus explotación por privados, se han propuesto como principales medidas la modificación del código de aguas además del proyecto enviado al congreso para volver a nacionalizar la mayor parte de las compañías que tienen el dominio del recurso hídrico(mineras, hidroeléctricas, etc.) Ya que el agua se perfila como el recurso más importante en los próximos años siendo necesario tener una buena regulación de este.
Una visión que ha sido desestimada es la de las comunidades indígenas siendo estas perjudicadas en el contexto del aprovechamiento del agua , ya que son pasadas a llevar por grandes empresas que presentan proyectos sustentables para la economía que cuentan con la aprobación del gobierno el que poco y nada vela por la seguridad de estas comunidades indígenas, muchas han estado al borde de la desaparición al no contar con este recurso de manera libre, puesto que se han visto sujetas a diversas peleas por no solo conservar su tierra sino también el derecho al agua, donde grandes empresas transnacionales tiene a su favor no solo la legislación sino también el propio factor cultural ya que las comunidades indígenas no solo pelean contra transnacionales por sus derechos sino que contra el estado que no da mayor apoyo a estas comunidades. A raíz de esto las poblaciones indígenas han desarrollado tecnologías y se han unido para poder luchar por sus derechos sobra la tierra y sobre el agua propiamente.
Claro ejemplo viene de la Patagonia argentina donde para aprovechar al máximo el agua y la tierra ha recurrido a un sistema de usos y costumbres para adaptarse creando un sistema de reglas paralelo al de la legislación. Así usan el sistema de campos comuneros para proteger su tierra y el agua, este sistema viene de la época colonial y ha sido implementado sin mayores problemas por sus miembros. Se le da un carácter privado a la tierra así como también al agua la que es heredada o comprada y cuando un comunero tiene problema de agua se gestiona con algún vecino para que este le facilite el agua que necesite. Este sistema nos muestra una gran unidad para superar los inconvenientes de la reglamentación así como también de la asociación ya que todos se unen para proteger lo que por generaciones les ha pertenecido.
Como se muestra en el ejemplo anterior para evitar el aprovechamiento de externos los habitantes de una localidad determinada se han unido para así proteger su tierra y sus recursos para también poder disfrutar de ciertos beneficios que esta unión conlleva, logran de este modo unidad para hacer frente a posibles amenazas.
Otro ejemplo de las medidas que toman los habitantes de localidades indígenas van destinadas a una defensa más que nada expresada en el ámbito jurídico aunque este resulte ineficaz como sucedió en Tarapacá frente al inminente desalojo y expropiación de sus recursos. Los habitantes de diferentes localidades cercanas entre sí se unieron dando origen a la “Sociedad Civil Agrícola y Ganadera Quebrada de Tarapacá ”y dentro de esta organizaron comunidades de agua para que las empresas mineras no los pasasen a llevar imponiendo una serie de medidas legales entre ellas recursos de protección con tal de que no fuesen expulsados sino que además lograsen conservar el ecosistema intacto ya que la instalación de una mina aseguraba contaminación del suelo y del agua dañando el ecosistema de la localidad.
El caso es que esta agrupación de pequeños pueblos de Tarapacá duro aproximadamente 7 años peleando con las empresas mineras que querían explotar el recurso del agua en su localidad, 7 años de constantes peleas, juicios y cansancio por parte de los pobladores que miraban con desaliento como cada vez que intentaba frenar el avance de las mineras esta buscaban nuevos artilugios con tal de lograr su propósito. Aun cuando tuvieron el apoyo de pequeños grupos ecologistas e incluso de la iglesia, comprendieron que nada les servía si no contaban con la ayuda del gobierno. Ya que por sus políticas sobre la explotación de recursos deja a los habitantes de localidades pequeñas sin ningún tipo de apoyo, es mas todo su apoyo se vuelca sobre estas empresas invasoras que arrasan con todo a su paso no solo con los recursos sino que también con la cultura de cada localidad, con sus memorias y recuerdos dejando más que un suelo estéril.
En el plano general las políticas sobre recursos hídricos basadas en criterios de mercado, han generado la pérdida del carácter de bien público del agua, provocando la privatización parcial o total de este recurso y favoreciendo la concentración de la propiedad, especialmente en el área de los servicios sanitarios. Sobre esta base, el agua ha pasado a ser considerada un recurso transable, regido por las normas de la propiedad privada y las premisas del comercio libre. Sin embargo, se trata de un mercado, donde el Estado concede los derechos de agua al sector privado gratuitamente y a perpetuidad, por lo cual no se ha generado un mercado de transacción de los mismos, sino una concentración de derechos en pocos actores y un uso ineficiente de los recursos.
Los derechos concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgar a sus titulares la propiedad sobre ellos”
El Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, sin proteger a las comunidades rurales ni a los agricultores del despojo de los recursos hídricos en su territorio. Por esta razón, las comunidades campesinas y el sector agrícola pueden llegar a poseer derechos sobre la tierra, pero sin derecho al agua. Asimismo el Código de Aguas establece dos categorías de derechos de acceso: consuntivos y no consuntivos. El derecho consuntivo se refiere al derecho de consumo de las aguas, sin que puedan volver a usarse. Es el caso de los derechos solicitados para riego, minería, industria y uso doméstico. El derecho no consuntivo se refiere al uso de agua sin consumirla, devolviéndola a su cauce. Es el caso de los derechos concedidos para los proyectos hidroeléctricos.
La concentración de la propiedad del agua es en extremo alarmante. En el caso del uso consuntivo, la mayor parte de los derechos de agua están en manos del sector exportador, principalmente agricultura. Además de la concentración de la propiedad, el agua usada de forma consuntiva se devuelve a los cauces conteniendo elementos químicos u orgánicos, provocando contaminación, lo cual es débilmente fiscalizado y sancionado por la autoridad. Actualmente, casi el 100% de las empresas sanitarias es propiedad de grandes empresas, muchas de ellas transnacionales. Por esta razón, el sistema tarifario del agua en Chile es el más caro de la región.
Favoreciendo directamente las ganancias de las grandes empresas y dueños de los derechos de agua. El sistema de gestión privada del agua ha producido una paulatina pérdida de derechos de la mayoría de la población y despojo de campesinos, agricultores e indígenas; pérdida de control público y gobernabilidad; y aumento de conflictos locales. Por ello es necesario poner un alto en este sistema tan mercantilista, hay que buscar la mejor solución para detener este avance, esto solo se lograra si las políticas sobre los recursos hídricos cambian dejando de lado la privatización del recurso para volver a tenerlo como antes : como un bien nacional . Para lograr esto es necesario modificar el código de aguas como primera instancia además de agregar políticas nacionalistas destinadas a favorecer a los habitantes de las localidades que a grandes transnacionales como sucede ahora, también es importante la regulación en relación a la protección del medio ambiente ya que si se quiere proteger no solo su uso también es necesario velar por su conservación pues ¿de qué serviría proteger por un bien que esté contaminado y no sea utilizable?
Son muchos los desafíos en relación a la propiedad y utilización de los recursos hídricos por lo que es necesario ya modificar la política que se tiene sobre los mismos en donde: se proteja y conserve los ecosistemas fluviales asegurando su preservación; como también se asegure el acceso al agua en forma oportuna, equitativa y libre de riesgo a toda la población; informar a la población sobre el estado de los recursos y su disponibilidad; se deben crear mecanismos de evaluación ambiental, social y económica así como normas destinadas a su cumplimiento.
Para finalizar se debe decir que el agua es uno de los recursos más importantes que existe por lo que es imperativo cuidarlo y resguardarlo con una buena política que no solo sea sustentable para grandes empresas sino que también lo sea para toda la población, que no se limite su uso y consumo, así como también, que se ofrezcan medidas de protección para las comunidades que desde siempre han disfrutado de este recurso y ahora se ven en dificultades para poder utilizarlo.
Bibliografía
1. La lucha por el agua de Tarapacá; la visión andina.
2. La propiedad de la tierra y el agua en el noroeste argentino. El caso de los comuneros en el valle de Hualfin.
3. Agua: ¿Dónde está y de quién es? , Patricia Bravo, María Paz Aedo, Sara Larraín.
4. Recurso hídricos en chile: desafíos para la sustentabilidad , María Paz Aedo, Sara Larraín , Nancy Matus , Bernardita Fernández.
pd: se le agradece a la nico por ser mi beta reader
Chile es un país privilegiado en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial, y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en campos de hielo sur en la zona austral.
Sin embargo este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional, debido a las diversas condiciones físicas y climáticas, encontrándose zonas de gran abundancia en la zona sur y escasísima disponibilidad en las regiones del norte, donde los niveles de conflictividad sobre el recurso han confrontado históricamente a comunidades locales indígenas y campesinas con empresas mineras; los cuales actualmente se extienden hacia los países vecinos, debido a los crecientes requerimientos de los emprendimientos mineros.
Simultáneamente la intensificación de estos conflictos tradicionales, durante las últimas dos décadas han incrementado los problemas de acceso, gestión y gobernabilidad de los recursos hídricos. Esto puede atribuirse a problemas sociales y ambientales vinculados al incremento de la demanda de las ciudades, la contaminación y los mega proyectos; pero muy especialmente, a la progresiva imposición de criterios de mercado en la gestión de los recursos hídricos.
Para introducirnos en el tema hablaremos de la propiedad del agua en chile, de su problemática actual haciendo un breve recuento histórico y como esto ha afectado a las comunidades locales para pasar a un plano más amplio y mostrar el problema actual que se vive por este recurso.
Hasta fines de los años ochenta el agua era proporcionada por el estado bajo un esquema descentralizado similar a lo que ocurría con otros servicios públicos. El cambio surgió por el año 1989 por una reestructuración en la cual se generaron las condiciones para la explotación de este recurso así como sus concesiones, a esto se suma la incorporación de capitales externos a las empresas sanitarias previo apoyo del gobierno.
A mediados de los 90 se incorporaron capitales privados a las empresas sanitarias estatales y durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizaron las primeras empresas y de ahí se tomo el modelo de concesión para el resto a su vez estas están reguladas por la superintendencia de servicios sanitario la que fija la tarifa de los servicios entre otras cosas dentro del área concesionada. Asociado a esto también se debe tener en cuenta que el código de aguas impuesto en 1981 el agua como recurso dejo de ser considerado un bien nacional de uso público para convertirse en un bien económico privado cayendo en la misma categoría de mercancía transada en el mercado. Uno de los principales objetivos de la reforma e incorporación de capitales privados fue dejar al estado solo el rol fiscalizador y normativo así como garantizaba para los capitales inversionistas una rentabilidad sobre el 10 % esto permitía asegurar la inversión y permanencia de las empresas privadas en el sector de las aguas.
Los procesos de privatización se llevaron a cabo sin consultar la ciudadanía así como también ignorando el descontento que este proceso generaba en algunos grupos de la población. Unido a esto se encuentran los proyectos de expansión que estas empresas tienen proyectado para los próximos años que aun cuando han sido aprobados sus protocolos no dejan de provocar un daño sociocultural (destierro de grupos indígenas de sus localidades de origen) y medioambientales (destrucción del ecosistema). Otros problemas presentados van en relación a las tarifas impuestas, el abastecimiento de este recurso así como cantidad de personas perjudicadas en sus empleos por la privatización (despidos y salarios), otro punto a destacar de este último tema es que muchas empresas no han logrado cumplir con sus metas, dejan a medias variados proyectos lo que afecta de manera mediata a la fuerza laboral existente en un localidad.
Para solucionar los diversos problemas ocasionados de la privatización de las aguas y de sus explotación por privados, se han propuesto como principales medidas la modificación del código de aguas además del proyecto enviado al congreso para volver a nacionalizar la mayor parte de las compañías que tienen el dominio del recurso hídrico(mineras, hidroeléctricas, etc.) Ya que el agua se perfila como el recurso más importante en los próximos años siendo necesario tener una buena regulación de este.
Una visión que ha sido desestimada es la de las comunidades indígenas siendo estas perjudicadas en el contexto del aprovechamiento del agua , ya que son pasadas a llevar por grandes empresas que presentan proyectos sustentables para la economía que cuentan con la aprobación del gobierno el que poco y nada vela por la seguridad de estas comunidades indígenas, muchas han estado al borde de la desaparición al no contar con este recurso de manera libre, puesto que se han visto sujetas a diversas peleas por no solo conservar su tierra sino también el derecho al agua, donde grandes empresas transnacionales tiene a su favor no solo la legislación sino también el propio factor cultural ya que las comunidades indígenas no solo pelean contra transnacionales por sus derechos sino que contra el estado que no da mayor apoyo a estas comunidades. A raíz de esto las poblaciones indígenas han desarrollado tecnologías y se han unido para poder luchar por sus derechos sobra la tierra y sobre el agua propiamente.
Claro ejemplo viene de la Patagonia argentina donde para aprovechar al máximo el agua y la tierra ha recurrido a un sistema de usos y costumbres para adaptarse creando un sistema de reglas paralelo al de la legislación. Así usan el sistema de campos comuneros para proteger su tierra y el agua, este sistema viene de la época colonial y ha sido implementado sin mayores problemas por sus miembros. Se le da un carácter privado a la tierra así como también al agua la que es heredada o comprada y cuando un comunero tiene problema de agua se gestiona con algún vecino para que este le facilite el agua que necesite. Este sistema nos muestra una gran unidad para superar los inconvenientes de la reglamentación así como también de la asociación ya que todos se unen para proteger lo que por generaciones les ha pertenecido.
Como se muestra en el ejemplo anterior para evitar el aprovechamiento de externos los habitantes de una localidad determinada se han unido para así proteger su tierra y sus recursos para también poder disfrutar de ciertos beneficios que esta unión conlleva, logran de este modo unidad para hacer frente a posibles amenazas.
Otro ejemplo de las medidas que toman los habitantes de localidades indígenas van destinadas a una defensa más que nada expresada en el ámbito jurídico aunque este resulte ineficaz como sucedió en Tarapacá frente al inminente desalojo y expropiación de sus recursos. Los habitantes de diferentes localidades cercanas entre sí se unieron dando origen a la “Sociedad Civil Agrícola y Ganadera Quebrada de Tarapacá ”y dentro de esta organizaron comunidades de agua para que las empresas mineras no los pasasen a llevar imponiendo una serie de medidas legales entre ellas recursos de protección con tal de que no fuesen expulsados sino que además lograsen conservar el ecosistema intacto ya que la instalación de una mina aseguraba contaminación del suelo y del agua dañando el ecosistema de la localidad.
El caso es que esta agrupación de pequeños pueblos de Tarapacá duro aproximadamente 7 años peleando con las empresas mineras que querían explotar el recurso del agua en su localidad, 7 años de constantes peleas, juicios y cansancio por parte de los pobladores que miraban con desaliento como cada vez que intentaba frenar el avance de las mineras esta buscaban nuevos artilugios con tal de lograr su propósito. Aun cuando tuvieron el apoyo de pequeños grupos ecologistas e incluso de la iglesia, comprendieron que nada les servía si no contaban con la ayuda del gobierno. Ya que por sus políticas sobre la explotación de recursos deja a los habitantes de localidades pequeñas sin ningún tipo de apoyo, es mas todo su apoyo se vuelca sobre estas empresas invasoras que arrasan con todo a su paso no solo con los recursos sino que también con la cultura de cada localidad, con sus memorias y recuerdos dejando más que un suelo estéril.
En el plano general las políticas sobre recursos hídricos basadas en criterios de mercado, han generado la pérdida del carácter de bien público del agua, provocando la privatización parcial o total de este recurso y favoreciendo la concentración de la propiedad, especialmente en el área de los servicios sanitarios. Sobre esta base, el agua ha pasado a ser considerada un recurso transable, regido por las normas de la propiedad privada y las premisas del comercio libre. Sin embargo, se trata de un mercado, donde el Estado concede los derechos de agua al sector privado gratuitamente y a perpetuidad, por lo cual no se ha generado un mercado de transacción de los mismos, sino una concentración de derechos en pocos actores y un uso ineficiente de los recursos.
Los derechos concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgar a sus titulares la propiedad sobre ellos”
El Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, sin proteger a las comunidades rurales ni a los agricultores del despojo de los recursos hídricos en su territorio. Por esta razón, las comunidades campesinas y el sector agrícola pueden llegar a poseer derechos sobre la tierra, pero sin derecho al agua. Asimismo el Código de Aguas establece dos categorías de derechos de acceso: consuntivos y no consuntivos. El derecho consuntivo se refiere al derecho de consumo de las aguas, sin que puedan volver a usarse. Es el caso de los derechos solicitados para riego, minería, industria y uso doméstico. El derecho no consuntivo se refiere al uso de agua sin consumirla, devolviéndola a su cauce. Es el caso de los derechos concedidos para los proyectos hidroeléctricos.
La concentración de la propiedad del agua es en extremo alarmante. En el caso del uso consuntivo, la mayor parte de los derechos de agua están en manos del sector exportador, principalmente agricultura. Además de la concentración de la propiedad, el agua usada de forma consuntiva se devuelve a los cauces conteniendo elementos químicos u orgánicos, provocando contaminación, lo cual es débilmente fiscalizado y sancionado por la autoridad. Actualmente, casi el 100% de las empresas sanitarias es propiedad de grandes empresas, muchas de ellas transnacionales. Por esta razón, el sistema tarifario del agua en Chile es el más caro de la región.
Favoreciendo directamente las ganancias de las grandes empresas y dueños de los derechos de agua. El sistema de gestión privada del agua ha producido una paulatina pérdida de derechos de la mayoría de la población y despojo de campesinos, agricultores e indígenas; pérdida de control público y gobernabilidad; y aumento de conflictos locales. Por ello es necesario poner un alto en este sistema tan mercantilista, hay que buscar la mejor solución para detener este avance, esto solo se lograra si las políticas sobre los recursos hídricos cambian dejando de lado la privatización del recurso para volver a tenerlo como antes : como un bien nacional . Para lograr esto es necesario modificar el código de aguas como primera instancia además de agregar políticas nacionalistas destinadas a favorecer a los habitantes de las localidades que a grandes transnacionales como sucede ahora, también es importante la regulación en relación a la protección del medio ambiente ya que si se quiere proteger no solo su uso también es necesario velar por su conservación pues ¿de qué serviría proteger por un bien que esté contaminado y no sea utilizable?
Son muchos los desafíos en relación a la propiedad y utilización de los recursos hídricos por lo que es necesario ya modificar la política que se tiene sobre los mismos en donde: se proteja y conserve los ecosistemas fluviales asegurando su preservación; como también se asegure el acceso al agua en forma oportuna, equitativa y libre de riesgo a toda la población; informar a la población sobre el estado de los recursos y su disponibilidad; se deben crear mecanismos de evaluación ambiental, social y económica así como normas destinadas a su cumplimiento.
Para finalizar se debe decir que el agua es uno de los recursos más importantes que existe por lo que es imperativo cuidarlo y resguardarlo con una buena política que no solo sea sustentable para grandes empresas sino que también lo sea para toda la población, que no se limite su uso y consumo, así como también, que se ofrezcan medidas de protección para las comunidades que desde siempre han disfrutado de este recurso y ahora se ven en dificultades para poder utilizarlo.
Bibliografía
1. La lucha por el agua de Tarapacá; la visión andina.
2. La propiedad de la tierra y el agua en el noroeste argentino. El caso de los comuneros en el valle de Hualfin.
3. Agua: ¿Dónde está y de quién es? , Patricia Bravo, María Paz Aedo, Sara Larraín.
4. Recurso hídricos en chile: desafíos para la sustentabilidad , María Paz Aedo, Sara Larraín , Nancy Matus , Bernardita Fernández.
pd: se le agradece a la nico por ser mi beta reader
